Políticas SocialesPolíticas Sociales

Este año 2012, en el marco del Proyecto Participando para una Gestión Pública Transparente y de Calidad que coordina la Fundación Solidaridad y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, 59 observadores y observadoras municipales y unas 15 organizaciones sociales desarrollaron el monitoreo y observación a 12 administraciones públicas con sede en la Provincia Santiago, entre ellas los 9 Ayuntamientos. La coordinación del proceso de observación ciudadana se realizó mediante el Curso Ciudadanía y Administración Publica (CIAP), el cual se desarrollo entre los meses de enero y octubre 2012.

En lo que respecta a los ayuntamientos éste ejercicio de observación ciudadana ha revelado importantes hallazgos en materia de gestión municipal, atendiendo a lo dispuesto por el marco legal municipal, establecido por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 41-08 de Función Pública, entre otras.

El proceso de medición a través de 28 indicadores, clasificados en 5 subcomponentes de observación, como son Participación Ciudadana, Transparencia, Género, Políticas Sociales y Obras y Servicios, ha permitido el establecimiento de un ranking de los 9 ayuntamientos de la provincia Santiago en materia de Gestión Municipal.

La metodología diseñada ha determinado como calificación máxima para un indicador un valor correspondiente a 100 puntos.

En lo relativo a Políticas Sociales

“En el ejercicio de sus competencias los ayuntamientos en todas sus iniciativas priorizarán los grupos socialmente vulnerables, garantizándole el acceso a oportunidades para la superación de la pobreza.” (Art. 6 letra k, Ley 176-07)

Las políticas sociales son aquellas que tienden a generar mejoras en la distribución del ingreso entre los distintos grupos sociales mediante la prestación de servicios que satisfacen directamente un conjunto de necesidades esenciales de las personas.

Las políticas sociales están destinadas a la satisfacción de necesidades relacionadas directamente con los procesos vitales básicos de las personas, como la supervivencia, la nutrición, la salud, la educación, el albergue, el aprendizaje, y la seguridad.

Asimismo pueden estar orientadas a fortalecer la capacidad organizativa de los sectores sociales y populares, de desarrollar programas que promueven la capacitación, organización y desarrollo de las comunidades, potenciando así la cooperación y la autoayuda, y dinamizando la solidaridad entre las familias.

Para satisfacer esas necesidades, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en el artículo 21 que los ayuntamientos destinarán los ingresos propios, y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales, un 4% a programas educativos, de género y salud. Establece también que el concejo municipal establecerá por resolución las organizaciones e instituciones con las cuales la administración municipal coordinará estas acciones y el proceso de aplicación de los programas consignados.

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A continuación se presentan los resultados del ejercicio de observación ciudadana realizada, resaltando la situación de los ayuntamientos en el subcomponente de Políticas Sociales, los principales avances así como los principales obstáculos y aspectos a mejorar.

Resumen de los resultados de observación ciudadana en el subcomponente de Políticas Sociales

Entre los principales hallazgos de este ejercicio de observación ciudadana se evidencia la urgencia de mejorar la calidad del gasto de los Ayuntamientos. En particular, resalta un conjunto de problemas en aspectos claves de la gestión pública local como son: la debilidad institucional, la limitada participación ciudadana en la gestión, el incumplimiento del marco legal al cual están sometidos los gobiernos locales, el incumplimiento de las leyes que garantizarían la transparencia y el uso efectivo de los recursos en beneficio del bien común, así como su justa distribución.

El monitoreo revela, además, la ausencia de políticas sociales claramente definidas orientadas a la generación de capacidades en la población vulnerable, el alto nivel de prácticas asistencialistas y clientelistas, la escasa implementación de una cultura de planificación que garantice la disminución de la brecha entre lo planificado y lo ejecutado, y la marcada cultura de una gestión centralizada en la persona de algunas autoridades locales, en particular los/as Alcaldes/as.

Calificación por Ayuntamiento – Políticas Sociales

Este es uno de los componentes en los que se evidenciaron mayores debilidades institucionales debido a la marcada cultura asistencialista y clientelista, a la falta de definición de una política social municipal clara, a las limitaciones de transparencia en el presupuesto municipal de las prácticas sociales, así como la ineficiencia de las estructuras internas orientadas a esta temática en dichos ayuntamientos, contando en algunos casos con oficinas y/o departamentos que no tienen presupuesto asignado y plan de trabajo. Estas debilidades quedan evidenciadas en la calificación absoluta obtenida por estos ayuntamientos en este subcomponente, quedando todos por debajo de los 31 puntos sobre 100.

  • Solamente en 2 de 9 ayuntamientos, Sabana Iglesia y Villa González existe una política / programa social definido.

  • Solamente en 2 de 9 ayuntamientos, Santiago, Villa González, Navarrete y Tamboril, ejecutan una o más políticas sociales a través de programas, proyectos y/o servicios orientados a temas sociales.
  • Solamente en 2 de 9 ayuntamientos, Santiago y Tamboril, cuentan con una oficina, unidad o espacio físico habilitado para la ejecución de una o más políticas / programas sociales y con una persona responsable de las mismas.
  • De los ayuntamientos que no cuentan con oficina o espacio físico, solamente el Ayuntamiento de Navarrete ha designado una persona responsable para estos fines.
  • En Jánico y Tamboril ni fue posible verificar que el presupuesto transparente el monto y destino de la cuenta del 4% dedicado a educación, salud y género.
  • Ninguno de los ayuntamientos de la provincia presentó un registro de beneficiarios y/o algún otro mecanismo que permitiera verificar de manera clara y transparente el destino de la inversión en programas, proyectos, servicios y acciones de carácter social.

Recomendaciones 

Del ejercicio de observación, han surgido una serie de recomendaciones que atienden al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, al cumplimiento del marco legal y relacionado con la participación ciudadana, la transparencia, género, políticas sociales, obras y servicios:

  1. Capacitar al personal de los ayuntamientos en el conocimiento del marco legal municipal, especialmente la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, y la Ley 41-08 de Función Pública.
  2. Implementar la Carrera Administrativa Municipal en base a la Ley 41-08 de Función Pública, especialmente los relacionado con el reclutamiento de personal, y la evaluación del desempeño de los/as empleados/as municipales.

  3. Operar de manera sistemática de manera planificada en base a Planes Operativos Anuales y a Planes Municipales de Desarrollo, de manera a disminuir el inmediatismo del día a día. A nivel de los departamentos y unidades, garantizar que actúen en base a planes operativos, y que cuenten con presupuestos para ejecutar los programas, proyectos o acciones previstas.
  4. Adecuar los organigramas a la estructura organizacional vigente, y adecuar la nómina a dicha estructura; generando fortaleza institucional, claridad de estructura y transparencia; así como  elaborar y aprobar los manuales de puestos y funciones.

Recomendaciones en Políticas Sociales

  1. Definir y aprobar una Política Social Municipal encaminada a establecer un reglamento y criterios para la concesión de ayudas a personas y aportes a instituciones, siendo su prioridad la inversión en la atención permanente a sectores vulnerables, así como la generación de capacidades en poblaciones de escasos recursos orientada a mitigar la costumbre asistencialista y a promover la autogestión del desarrollo en las comunidades menos favorecidas.
  1. Romper con las prácticas actuales clientelistas de asistencia social a partir de la creación de programas y proyectos orientados a generar un impacto social significativo en la calidad de vida de los grupos poblacionales más vulnerables del municipio.
  1. Elaborar con urgencia una normativa para aplicar el 4% destinado para programas de educación, género y salud, estableciendo criterios y procedimientos transparentes que garanticen el justo destino de estos programas, así como sus beneficiarios.
  1. Garantizar la transparencia en el presupuesto municipal de los fondos destinados a programas, proyectos y/o acciones de índole social, así como la disponibilidad del registro de beneficiarios de los mismos.